reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones es considerada clave por el Banco de España y organismos internacionales para afrontar el envejecimiento de la población y restablecer la confianza en la economía española de Bruselas y los mercados financieros, que han reclamado reformas estructurales en las economías más deficitarias de la zona euro como España, Grecia, Portugal o Irlanda.
JUBILACIÓN A LOS 67, PERO FLEXIBLE
El acuerdo preliminar contempla una solución intermedia para el polémico punto del aumento de la edad de jubilación.
La edad mínima para tener derecho al cobro de la pensión completa se situará, como pretendía el Gobierno, en los 67 años, pero esta medida se aplicará de manera flexible.
De esta forma, los trabajadores que hayan cotizado 38 años y medio podrían jubilarse a los 65 años con toda la prestación, y sólo con 37 o menos años trabajados será necesario esperar a los 67 años para jubilarse con el 100 por cien de la pensión.
Una fuente conocedora de la situación dijo que el preacuerdo incluye el aumento de los años de cotización que se utilizarán para el cálculo de las pensiones, de manera que se calculará en función de los últimos 25 años de carrera laboral, frente a los 15 últimos años de la actualidad.
El acuerdo también incluirá fórmulas para reconocer como tiempo cotizado el que dedican madres y padres al cuidado de los hijos, o el de los jóvenes con contratos de formación.
Asimismo, en el marco de los incentivos para aquellos que deseen seguir trabajando más allá de los 67 años, se plantea una bonificación que consiste en un aumento del 3,5 por ciento de la pensión por cada año que se trabaje después de los 67.
TRAS MESES DE NEGOCIACIÓN, TRIUNFO PARA EL GOBIERNO
Este preacuerdo llega tras varios meses de negociación entre el Gobierno y los representantes sindicales y empresariales, que han ido acercando posiciones desde unos lejanos puntos de partida, aunque el Gobierno había anunciado que aprobaría la reforma independientemente del resultado de las negociaciones.
Llegar al día del decreto ley con el visto bueno de los agentes sociales puede ser considerado un triunfo político del gobierno socialista, tras haberse visto empujado por Bruselas y los mercados a efectuar unos impopulares recortes en gasto social, y con unas encuestas que lo dan perdedor en las elecciones generales de 2012.
El Ejecutivo ha explicado en varias ocasiones que, aunque el sistema público de pensiones no tiene problemas actuales de liquidez, la evolución demográfica española obliga a llevar a cabo una profunda reforma, que, de no abordarse, podría poner en peligro en dos o tres décadas la sostenibilidad del sistema.
Con esta reforma, España establece una edad legal de jubilación que se encuentra entre las más altas de Europa